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jueves, 18 de enero de 2018

VIOLENCIA DE ESTADO

Traigo a este espacio lo escrito por Ramón Escovar León por el análisis del concepto "Violencia de Estado". 


VIOLENCIA DE ESTADO Y DERECHO A LA VIDA (Fuente: El-Nacional.com)
Ramón Escovar Leon
18 DE ENERO DE 2018 12:10 AM
Arrebatarle la vida a quien está negociando su rendición plantea los límites del uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales y militares, al momento de someter a un ciudadano acusado de delincuente. Ello nos sitúa ante una importante interrogante: ¿hasta dónde puede el Estado ejercer el monopolio de la violencia y cuáles son los derechos que no puede transgredir?
La respuesta a la pregunta planteada tiene que ver con los límites de la violencia en los actos del Estado al defender su seguridad. Para entender esta situación resulta útil leer el ensayo de Walter Benjamin titulado “Para la crítica de la violencia” publicado en Ensayos escogidos (Madrid, Editorial El Cuenco de Plata, tr. H. A. Murena, 2010, pp. 153-180). Para el pensador alemán, la violencia debe ubicarse en el campo de los medios y no de los fines. Por lo tanto, esta puede ser usada estrictamente como medio para lograr fines legítimos (la legítima defensa o para evitar que se comenta un crimen, por ejemplo); y no puede ser ejercida para fines injustos (la violación de derechos humanos o violar el derecho a la vida). Las actuaciones del Estado no pueden tener como finalidad la violencia en sí misma.
La utilización sistemática de la violencia con fines políticos persigue perturbar e impedir el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Así ocurre cuando se obstaculiza el ejercicio del voto o, cuando apelando a las denominadas “inhabilitaciones”, se viola el derecho al libre ejercicio de la participación política.
Benjamin distingue, por otra parte, entre la violencia legal e ilegal. Solo la primera, siempre sujeta a normas legítimas, es admisible. El Estado está autorizado para ejercer la violencia, pero el particular no puede hacerlo, salvo que sea en legítima defensa. Por eso queda proscrita la violencia que ejercen los paramilitares. Mucho menos está permitido que estos actúen mancomunadamente con las fuerzas de seguridad del Estado. Desde luego, hay que subrayar que el uso de la violencia por parte del Estado está limitado por la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y los derechos humanos.
La violencia en manos del Estado no es, en principio, peligrosa, ni ilegal y puede estar justificada cuando se ejerce, por ejemplo, contra los supuestos delincuentes. Sin embargo, cuando estos son sometidos, no se les puede causar la muerte. Mucho menos puede aceptarse el denominado “ajusticiamiento” puesto que al acusado de “criminal” merece un proceso imparcial, porque el debido proceso es un derecho fundamental. En Venezuela, ni siquiera se admite la pena de muerte, la cual requiere de una norma y de un procedimiento jurídico para declararla. Así lo proclama el artículo 43 de la Constitución: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”.

Lo que hemos vivido esta semana con al caso del ex inspector del Cicpc Oscar Pérez impone una detenida discusión sobre los límites de la violencia del Estado y la violación de los derechos humanos de los ciudadanos. No es posible admitir su uso para causarle la muerte a nadie, y menos a quien está en proceso de negociar su rendición, como pudimos verlo en los videos que circularon y retumbaron el pasado lunes 15 de enero en las redes y prensa nacional e internacional. Estas imágenes muestran un despliegue de fuerzas desproporcionadas y una amalgama preocupante de fuerzas militares con paramilitares que contribuyen, más bien, con la anarquía y descontrol en el uso de la violencia del Estado.

domingo, 31 de diciembre de 2017

Tristeza en Navidad

A primera hora de la mañana, recibo una llamada donde mi esposa (yo estoy en otra parte) me avisa que nuestra mascota está mal, que se ahoga.
A las 7:27 de la mañana del día 29 de diciembre de 2017, recibo un SMS que dice "se murió ..."

Mucho tiempo pasó desde el día que llegó a nuestras vidas hasta este momento: 15 ó 16 años, que en tiempo perruno, se aproxima a casi 100 años caninos.

Aquellas personas que saben lo que es el compartir de una mascota, conocen nuestro sentimiento y nuestra tristeza.

Pensaba escribir un poco más al respecto, pero no puedo.



"Sabes que estaba viejita... Y estaremos tristes un tiempo, son bastantes recuerdos. Vamos a extrañar su escándalo, su alegría y su compañía... y sus desastres"

"Los buenos recuerdos. Es lo que no debemos olvidar"

"Pero llegó el momento de despedirse de ella. No estés triste. Se fue al cielo de los perritos. Su tiempo se cumplió"


sábado, 23 de diciembre de 2017

SABIAS PALABRAS

Escrito en un cimiento de mármol el año 1710, y cuyo original se encuentra en el Vaticano
NO
TODO LO QUE
PORQUE EL QUE
TODO LO QUE
MUCHAS VECES
LO QUE NO
DIGAS
SABES
DICE
SABE
DICE
CONVIENE
HAGAS
PUEDES
HACE
PUEDE
HACE
DEBE
CREAS
OYES
CREE
OYE
CREE
PUEDE SER
JUZGUES
VES
JUZGA
VE
JUZGA
ES
GASTES
TIENES
GASTA
TIENE
GASTA
TIENE


miércoles, 13 de diciembre de 2017

Es Navidad


Mis mejores deseos para todos ustedes... Paz, Salud y Bienestar





lunes, 11 de diciembre de 2017

ESTANDO A LA VISTA ¿QUE PASO?

Ayer fue celebrado uno más de los tantos eventos electorales realizados en esta dizque “democracia revolucionaria”.
Lo evidente: insólita ausencia de electores
¿Qué pasó? Muchos cuentos e historias previas circularon antes del día 10 de diciembre. De manera particular, en el Municipio Valencia del Estado Carabobo, se rumoreaba principalmente: a) “un voto castigo” al sr Cocchiola por múltiples razones, b) la imposibilidad de ganar ante las maniobras  del garante de los actos electorales (llamémosle CNE), por lo que el pensamiento general era “no vale la pena votar”. Ya, de manera general, pudiéramos decir que las muestras de “desunión” de la plataforma de oposición, hicieron perder credibilidad a los voceros de la misma.
Razonemos un poco: El municipio es el ente de gobierno más cercano al ciudadano común, aquel que está destinado a cubrir requerimientos directos de la comunidad de manera más expedita. Adicionalmente, representan bastiones de gobierno directo (local), plural, donde el ciudadano común puede hacer sentir su voz.
Tuvimos un ejemplo interesante de participación ciudadana en las últimas elecciones parlamentarias nacionales: “el voto masivo”, lográndose voltear, drásticamente, la balanza de poder. Fue “desbancada” la representación del partido de gobierno, quedando reducida a una mínima expresión. Y de una manera fácil, limpia: CON EL VOTO.
¿ELEGIR ES NUESTRO DERECHO? ¿VOTAR ES NUESTRA OBLIGACION HACIA NUESTRA FAMILIA, HIJOS Y NUESTRO PAIS?
Supimos que si se puede hacer: enfrentar al monstruo. Entonces la pregunta es: ¿por qué dejar que otros piensen por nosotros? ¿Por qué entregar el municipio, servido en bandeja de plata (las palabras sobran)? ¿Por qué no votar?
Meditémoslo un poco y, si hay algo de razón y sentido común en aquel o aquella que no votó, debería comprender que fue un error el no hacerlo.

Es fundamental PARTICIPAR, mientras aun podamos hacerlo. 

Yo voté ...

Juancarlos Flores

¿COHABITACION?

¿Una ley constitucional para la peculiar cohabitación de la TC y AN?, por Luis Barragán
https://www.lapatilla.com/site/2017/12/10/una-ley-constitucional-para-la-peculiar-cohabitacion-de-la-tc-y-an-por-luis-barragan/
Dic 10, 2017 6:03 pm
Publicado en: Opinión
Luis Barragán @LuisBarraganJ

Suele ocurrir, reducida y agotada como consigna, la tal constituyente (TC) se ha convertido en un inmenso escollo para toda suerte de diálogo, conversatorio, negociación, o encuentro casual e inadvertido, como el de República Dominicana. Los sectores concurrentes la saben una pieza clave para legitimar sus posturas, bregando por su reconocimiento o neutralización.

Trastocada en una mala imitación del parlamento, violenta además la propia Constitución al pretender una rutina de autorizaciones administrativas, incluyendo las diplomáticas, y de sanciones de leyes simplemente cumplimentadas por la junta directiva de conformidad con las órdenes emitidas por Miraflores, sin la libre discusión de los quinientos y tantos agraciados por el fraude electoral que muy pocas veces encuentran cupo para la figuración retórica. Y es que ni siquiera hayan espacio físico suficiente para sus subsidiadas actividades proselitistas, por lo que tomada buena parte del Palacio Legislativo y todo el Museo Boliviano, concedida la Casa Amarilla y el edificio La Francia, esperan por el zarpazo final que los premie con el edificio José María Vargas. No obstante, el problema de la TC es de entero cuño político y constitucional, más allá de las veleidades dizque bolcheviques de una membresía que, sabiéndola un congreso permanente del PSUV, la desea como una suerte del definitivo comité central de sus sueños.

A la TC sólo le quedan dos alternativas: quedarse o desaparecer, acarreándole un alto costo político para el perdedor en la apuesta conversatoria por más que la diga una gesta heroica y sacrificada de elevada inspiración personal. La dictadura urge del apparátchik legislativo, diciéndolo depositario del poder originario para prevenir cualquier eventualidad, mientras que la contraparte está demasiado consciente del incumplido papel que ha jugado la Asamblea Nacional (AN), cuya reivindicación esperan las grandes mayorías que la sufragaron inequívoca, expresa y puntualmente. Por ello, prosperan o pueden prosperar las soluciones híbridas y salomónicas que, al orientarse a una cohabitación, por incómoda que fuere, tendería a administrar el temor de un zarpazo final que, tarde o temprano, llegará.

Absoluta e injustificadamente desinformado el país de las vicisitudes y detalles de la cita caribeña, por la gravedad de la propia convocatoria y sus inmediatas consecuencias, surgen algunas fórmulas de la insólita hibridez de considerar el resultado de la consulta popular del 16 de julio del presente año, por siempre ineludible. Entre las distintas combinaciones, destaca una francamente incomprensible, como la acuñación de la TC cual cámara alta del parlamento, con plenas atribuciones constituyentes, y de la AN cual cámara baja, con la provisionalidad de sus competencias constituidas.

Llámenla de cualquier modo, desesperando por un neologismo que irrumpa exitosamente en los predios rigurosos del derecho constitucional, el pastiche conduciría – contrariada toda maceración doctrinaria de siglos – a un senado que, se supone, representa a las entidades federal, que casi quintuplicará a la cámara de diputados, por cierto, restándole los tres diputados del estado Amazonas. Y, así, sobreviviría – de un lado – la ilegítima curul de la TC y – del otro – la legítima representación de la AN que, empero, sufriría de una insalvable capitis deminutio que igualaría a todos los integrantes del mezclote frente al Ejecutivo Nacional.

El más elemental ejercicio de la razón, consabido todo lo que dispone la Constitución de 1999 respecto al Poder Legislativo, nos orienta al diseño de una nueva bicameralidad y a la redistribución de competencias de ambas cámaras, reservándose una de ellas el poder constituyente en correspondencia con el régimen de facto que encabeza Maduro Moros. Para ello, inaudita parte, los diligenciantes de República Dominicana convendrían en una ley constitucional, por supuesto, dictada por la TC, que podrían someter o no a referéndum, quizá abriendo la senda a unas elecciones parlamentarias y edilicias, pactada la composición numérica de todo cuerpo deliberante, a realizar junto a las presidenciales el primer semestre de 2018, embutiéndonos en unos sobrevenidos comicios generales.


La hipótesis lucirá – precisamente – descabellada al interior del sector oficialista e inaceptable en el opositor, en los que existe una natural conflictividad gracias a los usos autoritarios en boga que desmienten todo sentimiento y vocación unitaria. Ojalá que el ejercicio – reductio ad absurdum – quede sólo en eso, un lícito recurso de especulación, autorizado por la opacidad de las diligencias de República Dominicana. De todos modos, ilustra la complejidad del parto para la transición democrática.